Las Bambas: Poder Judicial revoca prisión de hermanos Chávez Sotelo
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Las Bambas: Poder Judicial revoca prisión de hermanos Chávez Sotelo

El Nacional
04 mayo 2019

Sala de Apelaciones de Cajamarca ordenó liberación de los asesores legales de la comunidad de Fuerabamba.


Los hermanos Chávez Sotelo, son asesores legales de la comunidad de Fuerabamba, quienes son acusados por presunta extorsión en el conflicto social con la minera Las Bambas.

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Apurímac, presidida por René Olmos Huallpa, e integrada por Erwin Tayro Tayro y Reynaldo Mendoza Marín, ordenó la liberación de los hermanos Frank Chávez Sotelo, Jorge Chávez Sotelo y Carlos Vargas, abogados de comunidad de Fuerabamba, quienes afrontaban una orden de 36 meses de prisión preventiva por presunta extorsión en el conflicto minero Las Bambas.

Audios revelarían extorsión en conflicto entre comuneros y minera Las Bambas

En su resolución, la Sala de Apelaciones dispone medidas de comparecencia con restricciones para los hermanos Chávez Sotelo y Carlos Vargas y establece las siguientes reglas de conducta: obligación de no ausentarse de la localidad donde residen. En el caso de Frank y Jorge Chávez, ellos han manifestado que viven en la ciudad de Abancay.

Están obligados a presentarse cada semana en el Juzgado de Investigación Preparatoria para firmar y dar cuenta de sus actividades en el registro biométrico correspondiente. Además, están obligados a presentarse ante la Fiscalía y el Poder Judicial.

La Sala ordenó también que están prohibidos de comunicarse entre ellos y con los testigos y otras personas que se relacionan con la investigación de este caso. Tampoco podrá efectuar declaraciones a los medios de prensa, radial, escrita o televisiva.

Asimismo, les impuso el pago de una caución económica de 20,000 soles que deberá pagar cada investigado dentro del plazo de 10 días de emitida esta resolución.

Según el Ministerio Público, los abogados encabezan una organización criminal denominada Los Chavelos, la cual captaba presidentes de comunidades campesinas para solicitar pagos por su asesoría legal.
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