La sala Sahuanay resolvió de manera secreta, sin documentos, sin permitir que la Fiscalía contradiga pruebas que actuó de ofició la sala, sin comunicarle a fiscal y violando el debido proceso no realizó audiencia.
Según las objeciones del exfiscal Supremo Avelino Guillén, quien sostuvo que la resolución que aparta al juez Concepción Carhuancho, es ilegal y nula por haber violado el debido proceso.
En realidad, procesalistas consultados por este diario señalaron que la sala penal que preside el juez Octavio Sahuanay ha cometido un delito de prevaricato al fallar contra la ley pues da trámite a la apelación en segunda instancia en secreto, sin convocar a la audiencia del caso para escuchar a las partes.
Lo más grave es que la Sala Sahuanay actuó como abogado defensor del prófugo procesado Jaime Yoshiyama a quien también había dejado en libertad, pues la recusación planteada por el abogado del prófugo no presentó las pruebas que acreditaban la recusación y se limitó a mencionar que se trataba de declaración del juez Concepción Carhuancho que ponían en duda su imparcialidad.
VEA TAMBIÉN: ¿Quién es la juez Cesar Sahuanay Calsín?
Por este solo hecho la recusación debió ser rechazada, ya que la Sala ante la falta de pruebas debió rechazar la recusación pues el abogado del prófugo debió presentar con el escrito de recusación, la prueba esencial que sería la transcripción notarial de toda la entrevista que se le atribuye al juez Concepción y no la presentó.
En este sentido, la sala procedió a actuar pruebas de oficio sin comunicar a las partes y sin darle el derecho del contradictorio y la igualdad de armas.
Lo más grave es que también ofició a la Presidencia de la Corte Nacional, Inés Villa, para pedirle información sobre si existía autorización al juez Concepción para que efectúe declaraciones a la prensa.
Estos oficios no fueron comunicados al Fiscal Pérez ni al Fiscal Vela con lo cual invalida toda la resolución.
La sala debió actuar como prueba fundamental la transcripción notarial del video por parte de un fedatario público y también la realización de una audiencia de visualización con la asistencia de las partes, lo que no hizo.
Ante esta violación al debido proceso el fiscal encargado del caso Lava Jato, Rafael Vela pediría la nulidad de la resolución para que se señale día y hora de la audiencia y previamente se visualice y se entregue la transcripción oficial de los videos a las partes.
Como se recuerda, el juez Richard Concepción Carhuancho fue separado del caso de Keiko Fujimori luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional que integra los jueces: Octavio Sahuanay, Ivan Quispe y Jéssica León declaró fundado el pedido de recusación presentado por la defensa de Jaime Yoshiyama.
Advierten salida de Keiko
Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez advierten que con la separación de Carhuancho se podría cesar la prisión preventiva de Keiko Fujimori.
Recusación contra Concepción Carhuancho
A inicio de enero, Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, presentó una recusación contra el magistrado Richard Concepción Carhuancho afirmando que el juez perdió la imparcialidad en el caso debido a unas declaraciones que brindó en canal de televisión, y que fueron recogidas por otro medio. "Hay un partido político que tiene capturado al Ministerio Público", es la frase del magistrado.
Además, se precisa otra expresión del magistrado donde se pronuncia sobre la situación de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes habían sido separados del Equipo Especial Lava Jato por Pedro Chávarry e luego incorporados.
El pedido de recusación, presentado por Humberto Abanto, fue rechazado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria. Donde el juez Concepción Carhuancho aseguró que, él hizo referencia a la resolución del 10 de noviembre del 2018, en la cual se dictó 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. El pedido fue elevado a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional para resolverlo segunda instancia.
La Sala Penal de Apelaciones Nacional, que tiene como miembros a Octavio Sahuanay, Jéssica León e Iván Quispe, declaró fundado el recurso de apelación y afirmó que Richard Concepción Carhuancho "no preservó la apariencia de imparcialidad" cuando brindó declaraciones sobre Pedro Chávarry, entonces fiscal de la Nación, y Fuerza Popular.
Asimismo, la sala que encabeza el juez Octavio Sahuanay indica que Concepción realizó “afirmaciones concluyentes que aún son objeto de investigación que lo implica en adelanto de criterio a favor de una de las partes del proceso”.
"Se puede afirmar que el juez, en tanto persona, de la misma manera que cualquier ciudadano, tiene derecho a la libertad de expresión, pero cuando actúa como juez debe tomar en cuenta los deberes impuestos por su propia investidura, más aún, como en el presente caso, se ha brindado declaraciones en su calidad de magistrado", explicó.
LNP
Según las objeciones del exfiscal Supremo Avelino Guillén, quien sostuvo que la resolución que aparta al juez Concepción Carhuancho, es ilegal y nula por haber violado el debido proceso.
En realidad, procesalistas consultados por este diario señalaron que la sala penal que preside el juez Octavio Sahuanay ha cometido un delito de prevaricato al fallar contra la ley pues da trámite a la apelación en segunda instancia en secreto, sin convocar a la audiencia del caso para escuchar a las partes.
Lo más grave es que la Sala Sahuanay actuó como abogado defensor del prófugo procesado Jaime Yoshiyama a quien también había dejado en libertad, pues la recusación planteada por el abogado del prófugo no presentó las pruebas que acreditaban la recusación y se limitó a mencionar que se trataba de declaración del juez Concepción Carhuancho que ponían en duda su imparcialidad.
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Por este solo hecho la recusación debió ser rechazada, ya que la Sala ante la falta de pruebas debió rechazar la recusación pues el abogado del prófugo debió presentar con el escrito de recusación, la prueba esencial que sería la transcripción notarial de toda la entrevista que se le atribuye al juez Concepción y no la presentó.
En este sentido, la sala procedió a actuar pruebas de oficio sin comunicar a las partes y sin darle el derecho del contradictorio y la igualdad de armas.
Lo más grave es que también ofició a la Presidencia de la Corte Nacional, Inés Villa, para pedirle información sobre si existía autorización al juez Concepción para que efectúe declaraciones a la prensa.
Estos oficios no fueron comunicados al Fiscal Pérez ni al Fiscal Vela con lo cual invalida toda la resolución.
La sala debió actuar como prueba fundamental la transcripción notarial del video por parte de un fedatario público y también la realización de una audiencia de visualización con la asistencia de las partes, lo que no hizo.
Ante esta violación al debido proceso el fiscal encargado del caso Lava Jato, Rafael Vela pediría la nulidad de la resolución para que se señale día y hora de la audiencia y previamente se visualice y se entregue la transcripción oficial de los videos a las partes.
Como se recuerda, el juez Richard Concepción Carhuancho fue separado del caso de Keiko Fujimori luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional que integra los jueces: Octavio Sahuanay, Ivan Quispe y Jéssica León declaró fundado el pedido de recusación presentado por la defensa de Jaime Yoshiyama.
Advierten salida de Keiko
Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez advierten que con la separación de Carhuancho se podría cesar la prisión preventiva de Keiko Fujimori.
Recusación contra Concepción Carhuancho
A inicio de enero, Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, presentó una recusación contra el magistrado Richard Concepción Carhuancho afirmando que el juez perdió la imparcialidad en el caso debido a unas declaraciones que brindó en canal de televisión, y que fueron recogidas por otro medio. "Hay un partido político que tiene capturado al Ministerio Público", es la frase del magistrado.
Además, se precisa otra expresión del magistrado donde se pronuncia sobre la situación de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes habían sido separados del Equipo Especial Lava Jato por Pedro Chávarry e luego incorporados.
El pedido de recusación, presentado por Humberto Abanto, fue rechazado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria. Donde el juez Concepción Carhuancho aseguró que, él hizo referencia a la resolución del 10 de noviembre del 2018, en la cual se dictó 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. El pedido fue elevado a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional para resolverlo segunda instancia.
La Sala Penal de Apelaciones Nacional, que tiene como miembros a Octavio Sahuanay, Jéssica León e Iván Quispe, declaró fundado el recurso de apelación y afirmó que Richard Concepción Carhuancho "no preservó la apariencia de imparcialidad" cuando brindó declaraciones sobre Pedro Chávarry, entonces fiscal de la Nación, y Fuerza Popular.
Asimismo, la sala que encabeza el juez Octavio Sahuanay indica que Concepción realizó “afirmaciones concluyentes que aún son objeto de investigación que lo implica en adelanto de criterio a favor de una de las partes del proceso”.
"Se puede afirmar que el juez, en tanto persona, de la misma manera que cualquier ciudadano, tiene derecho a la libertad de expresión, pero cuando actúa como juez debe tomar en cuenta los deberes impuestos por su propia investidura, más aún, como en el presente caso, se ha brindado declaraciones en su calidad de magistrado", explicó.
