 |
| Odebrecht tiene juicios contra el Perú por US$ 4,000 millones. |
Fiscales no pueden regalar 20,000 millones de soles del dinero del pueblo, robado por Odebrecht con la complicidad de expresidentes Fujimori, Toledo, Alan García, Humala y Kuczynski, desde 1990.
No se puede dar impunidad a la mafia más grande de la historia y deben embargarse todos los activos y las empresas que todavía tiene Odebrecht en el Perú
Crece la indignación en el país por el acuerdo del fiscal con Odebrecht que le regala a esta constructora mafiosa brasileña nada menos que 20,000 millones de soles.
Esta friolera es dinero del pueblo, robado por Odebrecht con la complicidad de los ex presidentes Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, desde 1990. Por eso Odebrecht debe entregar todas las pruebas, no inventos, antes de firmarse este convenio que no puede ser lesivo.
Odebrecht pagará una bicoca
El acuerdo con Odebrecht debe ser reformulado, porque la constructora brasileña causó daños por 20,000 millones de soles al país y como premio pagaría una reparación insultante, siendo altamente lesivo para el Perú.
Luego de que se conociera el Acta de Acuerdo Preparatorio de Colaboración y Beneficios entre la Fiscalía y Odebrecht, se dejó al descubierto que el proyecto del Gasoducto Sur Peruano no fue considerado, no obstante haber sido el que más sobrecostos presentó, causando un grave daño económico al Estado.
El acuerdo es dañino para el país, una resignación del Gobierno, y por eso es inaceptable que una compañía que ha robado tantos años y ha establecido negocios sobrevalorados, con tarifas altas que aún sigue pagando población, es inaceptable que puedan seguir contratando con el Estado.
Asimismo, el monto de la reparación civil que pagará la constructora brasileña es 180 millones de dólares es irrisorio, así como el hecho de que solo se hayan incluido cuatro proyectos, cuando han sido más obras las otorgadas a la empresa brasileña y por las cuales existieron sobornos.
A pesar de esta situación escabrosa, se permite que Odebrecht sigan trabajando en el Perú, teniendo en cuenta que causó daños por 20,000 millones y que además pague una débil reparación civil, solo un 5 % de lo que recibe anualmente por las obras que todavía tienen en el país.
Por eso, tarde o temprano la población terminará por darse cuenta que el convenio efectuado por el equipo especial del caso Lava Jato, afectando no solo las arcas fiscales, sino también el bolsillo de todos los peruanos.
Vergüenza de acuerdo
Asimismo, algunos legisladores han calificado de sesgado e insuficiente al acuerdo porque solo beneficia a políticos acusados de corrupción como Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Susana Villarán. Afirman que es extraño que en el caso de Villarán no se mencione absolutamente nada, y en el caso de los aportes del Partido Nacionalista tampoco se dice absolutamente nada, y que esto demuestra que ha habido una intencionalidad política, por lo que piden que Odebrecht entregue todas las pruebas sin excepción.
Además, se cometió una grave omisión al no considerar la presencia de entidades del Estado peruano durante la negociación del acuerdo. Y es que en una negociación de indemnizaciones y montos, debió intervenir el Estado y no solo los fiscales. El MEF, la SBS y la Sunat debieron emitir opinión sobre la valorización de los activos de Odebrecht, para que el pago de indemnizatorio sea mucho más alto.
No se ha tomado en cuenta que la Contraloría General de la República estimó que había 17 obras, solo de Odebrecht, que habían significado perjuicio económico por encima de los ocho mil y tantos millones de dólares, ahí uno puede sacar una línea de lo que debió ser la reparación civil.
Sabías que, solo el caso del gasoducto, ha llegado casi cinco mil millones de dólares.
Asimismo, algunos juristas han afirmado que el acuerdo de la Fiscalía y la Procuraduría con la empresa brasileña Odebrecht beneficiarían a exfuncionarios que fueron implicados en su momento en pagos de sobornos de parte de la compañía carioca. Dicen que se trata de un juego de poder donde parece que se quiere perseguir a unos, y mantener en la impunidad a otros.
Como se recuerda, el exministro de Justicia Salvador Heresi declaró en el mes de junio de 2018 que la Procuraduría calculaba la reparación civil en cerca de 1,500 millones de dólares. ¿Cómo así es que se ha bajado a la insultante suma de 610 millones de soles?, se preguntan, y por eso piden que el acuerdo establecido por la Fiscalía y la Procuraduría con Odebrecht debe ser declarado nulo por el juez de la Sala Preparatoria que revise el caso, debido a que vulnera la legislación y práctica procesal para formular acuerdos, además de ser lesivo para el país.
Otra irregularidad procesal en el acuerdo es que solo se ha establecido con representantes de la empresa Odebrecht. Sin embargo, el Estado y el Ministerio Público no tomaron en cuenta los consorcios. Todas las compañías que forman parte de un consorcio con Odebrecht para ganar una oferta también deben incluirse en el pago de la reparación civil, si no creen que quieren apoyar al club de la construcción.
Lo que debería haber hecho la oficina del fiscal es un experto internacional, no solo nacional, para determinar la cuantificación de cada contrato y determinar qué corresponde a cada uno de los miembros, incluida la parte que pertenece a Odebrecht.
Finalmente, para Ántero Flores Aráoz, expresidente del Congreso, el acuerdo establecido con Odebrecht, en el que se le otorga una sospechosa prioridad solo a cuatro obras en las investigaciones, permitiría que los demás proyectos en los que tuvo participación la compañía ya no podrían ser investigados a profundidad.
"Al no comprender una investigación de todas las obras, y dar por cerrado el caso, le están dando una bendición a los casos que no se han visto, y, lo peor, es que ya no se podría abrir casos futuros", recalcó.
Debido a esta situación, Flores Aráoz habló de la posibilidad de citar al ministro de Justicia al Congreso para que esclarezca los motivos por los que aceptó las condiciones de este acuerdo, y tampoco descartó interpelar al miembro del gabinete ministerial.
"El Congreso puede investigar todo lo que sea de interés público, y el ministro puede ser citado a diversas comisiones, como una comisión investigadora, o también a comisiones ordinarias como Fiscalización, Transportes, Vivienda, o alguna otra comisión ordinaria, para que explique cómo se llegó a esa reparación civil y cómo se acordó tener esos puntos en el acuerdo. Podría darse una interpelación, pero eso debería ser cuando ya se haya presentado a las comisiones", enfatizó.
Por otro lado, otros expertos señalan que el Congreso debería interpelar al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, para conocer de forma más detallada cuáles fueron los criterios que tuvo el Estado para establecer el pago de reparación civil en 610 millones de soles.
LNP
