El estado y las autoridades deben defender a la persona humana, y no pueden perseguirlos por ejercer un trabajo.
Los ambulantes tienen derecho a trabajar y la Constitución los defiende. No se trata de que los alcaldes salgan con sus "aplanadoras" de funcionarios a dejar "limpias" las calles de los distritos, sino de entender que son seres humanos que se ganan la vida de esa forma porque están excluidos de las políticas de estado.
Los alcaldes no pueden dejar de hambre a miles de peruanos y venezolanos que tienen derecho a vivir con el comercio informal para no tener después que dar el penoso paso a la criminalidad.
Trabajan o mueren o delinquen. Esa es la cuestión y debe hacerse una política de estado más humana. Si quieren que los ambulantes no trabajen, la empresa privada y los grandes empresarios que tiene el monopolio de la economía deben crear más empresas y dar empleo a los ambulantes.
El comercio informal es producto de una economía neoliberal que ha estafado a peruanos, con el libre mercado que no genera trabajo sino más riqueza para los millonarios. Por eso, los alcaldes y periodistas no deben mostrarse como necios pues la defensa de la persona humana es el fin de la sociedad y del estado y de las autoridades, y no pueden perseguirlos por ejercer un trabajo.
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| Más de 200 agentes, entre policías, serenos y fiscalizadores, participaron de la operación contra el comercio informal en La Victoria. |
Por ejemplo, la tarde del jueves (04.04.19) más de 200 efectivos de la Policía Nacional, serenos y fiscalizadores de los municipios de La Victoria y de Lima participaron en una operación para retirar a comerciantes informales de los alrededores del centro comercial Polvos Azules.
Los ambulantes invadían el espacio público en esta zona. Se decomisó más de una tonelada de mercadería de vendedores ambulantes informales, entre carritos, sillas, mesas, sombrillas, y otros objetos.
En la operación se encontró el alcalde de la Victoria, George Forsyth, quien señaló que desde el inicio de su gestión se anunció la intención de establecer el orden y la legalidad en todo el distrito, y no solo en Gamarra, donde realizó varias operaciones desde enero.
Todas las retenciones fueron trasladadas a los almacenes de la municipalidad, donde los comerciantes podrán recuperar sus pertenencias luego del pago de S/ 2.100.
Los vendedores informales apostados entre el óvalo Grau y el puente México también fueron retirados. Se procedió también al decomiso de la mercadería no autorizada o que obstaculiza la vía pública.
El alcalde Jorge Muñoz también se acercó al lugar para supervisar el operativo de retiro de comerciantes informales apostados en la Vía Expresa de Paseo de la República.
Lo cierto es que todos los días los medios de prensa dan cuenta de un peligroso incremento de la delincuencia que ahora la ciudadanía empieza a percibir con mayor claridad luego de la avalancha de noticias sobre la corrupción, ya que a diario, en sus barrios, urbanizaciones y vecindarios, son víctimas de asaltos, atracos, robos a domicilio, tiroteos y una serie de modalidades que los criminales están desplegando en la capital ante la falta de efectivos policiales en los sitios más peligrosos.
Los alcaldes están impulsando así a los ambulantes, que son erradicados de sus lugares de trabajo, a convertirse en delincuentes, porque estos no tienen de qué vivir y el último recurso que les quedaría es robar a los ciudadanos. Incluso muchos violentan a las mujeres en los robos ya algunas féminas se resisten a ser despojadas de sus pertenencias, y esta es una situación muy frecuente en estos días en la capital y en casi todas las ciudades del país.
Los burgomaestres parecen olvidar que la creación de empleo es responsabilidad exclusiva del sector privado en una economía de libre de mercado, pero los grandes empresarios se niegan a invertir y por eso el comercio ambulatorio tiene una raíz de injusticia social. De esta forma, el estado no puede crear trabajo porque la Constitución neoliberal se lo prohíbe. Esto deberían tomar en cuenta las autoridades ediles que hacen populismo enfrentándose con comerciantes que lo único que quieren es sobrevivir.
Por eso el ministro del Interior, los policías, jueces y fiscales ya están en alerta porque se viene una avalancha de crímenes, asaltos y violencia ante tanta gente desempleada. Y para agravar la situación el gobierno de Kuczynski, Martín Vizcarra y el canciller Néstor Popolizio, cometieron el error de dejar ingresar a más de 800 mil venezolanos al país.
Los más de 800 mil venezolanos los que residen en el Perú, la gran mayoría trabaja de manera informal. La migración ha tenido impacto en el área laboral y en los sectores salud y educación, situación que ha desbordado la capacidad de gestión.
De acuerdo al último reporte migratorio publicado por la Superintendencia Nacional de Migraciones, la cantidad de venezolanos registrados entre el 2 de febrero del 2017 y el 30 de noviembre del 2018 era de 377.723. En este contexto, el total de venezolanos ascendía a 600.000.
De los cuales, en Lima se concentra la mayor cantidad de población venezolana (88,6%). Ello puede deberse principalmente a que la gestión del carnet de Permiso Temporal de Permanencia - PTP (requisito para solicitar el documento posterior de trabajo) ocurre únicamente en la sede Breña.
Llama la atención, sin embargo, que casi el 100% de los ciudadanos venezolanos han ingresado como turistas, mientras que los otros motivos sumaban solo 51 casos, y se dividían de la siguiente manera: 13 Residir, 5 Trabajo, 3 Personal, Otros 30).
Del total de venezolanos correctamente registrado, el 78,7% ya trabajaba (294,6 mil), 8,4% estaba en situación de desempleo y 12,9% calzaba en la categoría de no determinado. Cabe resaltar, además, que la gran mayoría de la población mencionada (95,4%) estaba en edad de trabajar.
LNP
