La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, continuará en prisión en el penal anexo de Mujeres de Chorrillos. Donde cumple una orden de prisión preventiva por 36 meses en marco a las investigaciones por presuntos aportes de Odebrecht a su campaña en el 2011.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones decidió rechazar la apelación interpuesto por Keiko Fujimori y por Jaime Yoshiyama, exsecretario general de Fuerza Popular.
Con fecha 3 de enero del 2019, la extensa resolución judicial, la sala concluye que si bien Keiko Fujimori no presenta peligro de fuga, si existe el riesgo de obstaculización de la actividad probatoria
"Correlativamente, existe riesgo procesal dado que la configuración del peligro procesal, no exige que concurran simultáneamente los supuestos de peligro de fuga y de obstaculización del proceso por parte de la investigada", indica la resolución.
Asimismo, la sala evaluando los argumentos de las partes, decidió "debe declararse infundado el recurso impugnatorio de la defensa técnica de Keiko Sofía Fujimori Higuchi y confirmarse la resolución apelada en función a los argumentos expuestos en esta sentencia".
Como se recuerda, el pasado 31 de octubre, el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, el juez Richard Concepción Carhuancho, declaró fundado el pedido de prisión preventiva presentado por el Ministerio Público que investigó a Keiko Fujimori Higuchi por el presunto delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado.Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declara infundado, por unanimidad, recurso de apelación de #KeikoFujimori y #JaimeYoshiyama contra prisión preventiva por 36 meses dictada en su contra por el presunto delito de lavado de activos. pic.twitter.com/CcZDmxycBM— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) 4 de enero de 2019
La Fiscalía señaló a Keiko Fujimori como la cabeza más alta de la presunta organización criminal enquistada en el partido Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) formada con la finalidad de lavar activos de origen ilegal para facilitar la obtención de poder políticos.
El fiscal José Domingo Pérez, acusó a Keiko Fujimori y a la cúpula del partido Fuerza Popular, de haber ordenado y materializado el lavado de activos de un millón de dólares de origen ilegal por la empresa Odebrecht a la campaña electoral del año 2011, quienes buscaron personas que figuraran falsamente como aportantes económicos a la campaña electoral, y organizaron rifas y cócteles de fachada.