La lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama y 18 personas más con orden de detención preliminar por 10 días.
Despues de las declaraciones de Antonio Camayo al reconocer a Keiko Fujimori como la "Señora K", el fiscal José Domingo Pérez pidió detención preliminar contra la lideresa del partido naranja cuando esta se encontraba cumpliendo su citación en el Ministerio Público. La medida fue aceptada por el juez Richard Concepción Carhuancho.
“Medida es dictada por fundados elementos de convicción que relaciona a los antes citados con el delito de lavado de activos, peligro de fuga y obstaculización de la investigación por los presuntos aportes de la empresa Odebrecht a la campaña de Fuerza Popular el 2011”, precisó el Poder Judicial en su cuenta de Twitter.
Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, declaró a Canal N que la resolución judicial dictada contra su patrocinada es “abusiva y arbitraria”. Precisó que Keiko fue detenida tras acudir, junto a su esposo Mark Vito, a declarar a la sede del Ministerio Público sobre los aportes a su campaña electoral del 2011.
Cabe indicar que, no existe orden de detención contra Mark Vito, quién se encuentra declarando con su abogado en el Ministerio Público. Según la defensa de Keiko Fujimori, la medida es abusiva y solo se puede ejecutar si existe riesgo de dejar el país.
Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka
Augusto Mario Bedoya Camaré
Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortes
Ytalo Ulises Pachas Quiñones
Ángela Berenis Bautista Zeremelco
Daniel Mellado Correa
Luis Alberto Mejía Lecca
Jorge Javier Yoshiyama Sasaki
Mayra Alexandra Castañon Sasaki
Liz Documet Manrique
Marizol Valles Chong
Pedro Abel Velayarce Llanos
Rafael Alejandro del Castillo Reategui
Liulith Sánchez Bardalez
Giancarlo Bertini Vivanco
Patrizia Coppero del Valle
Erick Giovanni Matte Monge
Aurora de Jespus Torrejón Riva
Walter Rengifo Saavedra
1. El "grave " peligro de fuga
El juez Richard Concepción Carhuancho señala en su resolución que en el caso de Keiko Fujimori, se evidencia un "grave peligro de fuga" porque –dice– ha constituido una organización criminal en el interior de su partido Fuerza Popular.
"Que tenía entre sus fines obtener el poder político y por consecuencia, tiene un nivel de influencia e interferencia en el Poder Legislativo y Poder Judicial", manifiesta.
Asimismo, precisa que la ex candidata presidencial cuenta con capacidad económica para abandonar el país, "por lo que tiene la capacidad de rehuir al accionar de la justicia". Precisa que tiene amistades y parientes en Estados Unidos y Japón, lo que demostraría la facilidad que tiene para ir al extranjero.
También resaltó que Keiko Fujimori no concurre "cabalmente" a las citaciones cursadas por el Ministerio Público y que cuando ha solicitado reprogramaciones, no acredita de manera documentada las razones por las que no puede asistir.
Sobre el arraigo que tendría la lideresa de Fuerza Popular, el juez indica que si bien contaría con uno domiciliario y familiar, no tendría arraigo laboral conocido, "al no tener trabajo conocido".
2. La suplantación de más de 100 personas
El magistrado señala, en base al requerimiento de la fiscalía de lavado de activos, que habría existido la suplantación de 114 personas como aportantes, cuyos montos ascenderían a la suma total de US$ 649,573.64.
Además, dice que en el caso de 48 personas que se encuentran figurando como aportantes de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) no se encuentran justificados. Los montos ascienden a S/ 2'058,859.49 o US$ 731,388.80.
También se tienen los aportes cuestionados que corresponden a los entornos de Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya (16 personas, incluyendo a Bedoya) cuyo monto total ascendería a US$ 580,702.11.
3. Habría formado una organización criminal
En la resolución judicial que ordena la detención preliminar de Keiko Fujimori, el juez indica que la ex candidata presidencial, en su condición de presidenta de Fuerza Popular, habría formado una organización criminal "con la finalidad de obtener poder político en las instituciones del Estado".
"Para fines de cometer delitos graves, en este caso lavado de activos de fondos provenientes de actos previos de corrupción nacional y transnacional, como corresponde en este caso a los dineros de procedencia ilícita de la empresa brasileña Odebrecht y otras", agrega.
Para el magistrado, el partido político habría sido usado entonces para la conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de activos de procedencia ilícita, de la suma de US$ 1'200,000.00 dólares provenientes de fondos ilícitos producto de actos de corrupción de Odebrecht "y posibles otros montos".
4. Habría lavado US$ 1 millón de Odebrecht
La orden judicial también indica que la presunta organización criminal, es decir Fuerza Popular, habría lavado el activo ilícito de Odebrecht de US$ 1 millón de dólares, entregado por Jorge Barata.
Precisa que los primeros US$ 500 mil entregados en el año 2010 habrían sido lavados como el nombre de "ingresos por actividades proselitistas" del año 2010, que recaudaron presuntamente el monto total de S/ 2'125,235.02 en las cuales no se han identificado a las personas que participaron en los cocteles, así como las personas que adquirieron los boletos de la Gran Rifa.
Los otros 500 mil dólares, entregados en el año 2011, habrían sido lavados con el nombre de "aportaciones individuales" y como ingresos por actividades proselitistas del año 2011 que recaudaron presuntamente el monto total de S/ 17'450,753.93.
5. Dinero habría ingresado por "mulas"
El magistrado desglosa cómo pudieron haber sido lavados la segunda entrega de US$ 500 mil dólares en el 2011, a través de ingresos o aportes de los familiares y allegados de Yoshiyama Tanaka y Bedoya Camere, que corresponde a 16 aportes, por la suma de S/ 1'634,676.44 monto que ascendería a US$ 580,702.11.
Además, señala que estos aportes podrían haber sido ingresados por los "transportistas, tramitadores o depositantes ("mulas")" Angela Bautista Zeremelco y Daniel Mellado Correa que hicieron depósitos por el monto de US$ 100,000.00 y U$$ 458,073.64 respectivamente.
El juez Richard Concepción Carhuancho ha sido quien ordenó la detención preliminar contra Keiko Fujimori. Abogados litigantes lo han tildado de ser un ‘juez canero’, debido a que suele siempre dictar prisiones preventivas contra los investigados.
A Concepción Carhuancho se le recuerda por dictar prisión preventiva contra los expresidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo. Este último ya había salido del país cuando se le dictó esta medida, mientras que Humala y su esposa Nadine Heredia permanecieron nueve meses en prisión hasta que un fallo del Tribunal Constitucional los liberó tras señalar que esta medida es “excepcional”.
Richard Concepción Carhuancho también dictó prisión preventiva contra los empresarios asociados a Odebrecht por el proyecto Interoceánica, José Alejandro Graña Miró Quesada, Hernando Alejandro Graña Acuña, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone y José Fernando Castillo Dibós.
Todos ellos también fueron liberados tras apelar la medida. El juez también dictó prisión preventiva contra los investigados por el caso de la Línea 2 del Metro de Lima.
Según el abogado penalista Luis Lamas Puccio explicó a Panamericana TV, que la detención preliminar es una orden judicial que sirve de antesala a una preventiva y siempre es ordenada por un juez a pedido del fiscal.
"Para que el fiscal haya dispuesto y el juez autorizado una detención policial es porque tiene información contundente y veraz como para tomar una decisión de esta naturaleza", expresó.
No obstante, si el fiscal encargado del caso decide abrirle investigación preparatoria, podría también pedir su detención preventiva y, en este caso, podría prolongarse hasta por 36 meses.
Según Lamas Puccio, la detención preliminar tiene como objetivo que los implicados no obstaculicen el accionar de la justicia. Esta medida se aplica eventualmente ante un peligro de fuga o de salida del país y la única forma de solicitarlo es ante un juez.
Despues de las declaraciones de Antonio Camayo al reconocer a Keiko Fujimori como la "Señora K", el fiscal José Domingo Pérez pidió detención preliminar contra la lideresa del partido naranja cuando esta se encontraba cumpliendo su citación en el Ministerio Público. La medida fue aceptada por el juez Richard Concepción Carhuancho.
“Medida es dictada por fundados elementos de convicción que relaciona a los antes citados con el delito de lavado de activos, peligro de fuga y obstaculización de la investigación por los presuntos aportes de la empresa Odebrecht a la campaña de Fuerza Popular el 2011”, precisó el Poder Judicial en su cuenta de Twitter.
Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, declaró a Canal N que la resolución judicial dictada contra su patrocinada es “abusiva y arbitraria”. Precisó que Keiko fue detenida tras acudir, junto a su esposo Mark Vito, a declarar a la sede del Ministerio Público sobre los aportes a su campaña electoral del 2011.
Cabe indicar que, no existe orden de detención contra Mark Vito, quién se encuentra declarando con su abogado en el Ministerio Público. Según la defensa de Keiko Fujimori, la medida es abusiva y solo se puede ejecutar si existe riesgo de dejar el país.
Lista de los que tienen orden de prisión preliminar
La lideresa de Fuerza Popular, keiko Fujimori, fue detenida esta mañana en la sede del Ministerio Público. La detención preliminar dictada en su contra por el juez Richard Concepción Carhuancho también aplica por un plazo de 10 días, para otras 19 personas por el delito de lavado de activos.
Estas son las personas que integran esta lista junto a Keiko Fujimori Higuchi:
Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka
Augusto Mario Bedoya Camaré
Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortes
Ytalo Ulises Pachas Quiñones
Ángela Berenis Bautista Zeremelco
Daniel Mellado Correa
Luis Alberto Mejía Lecca
Jorge Javier Yoshiyama Sasaki
Mayra Alexandra Castañon Sasaki
Liz Documet Manrique
Marizol Valles Chong
Pedro Abel Velayarce Llanos
Rafael Alejandro del Castillo Reategui
Liulith Sánchez Bardalez
Giancarlo Bertini Vivanco
Patrizia Coppero del Valle
Erick Giovanni Matte Monge
Aurora de Jespus Torrejón Riva
Walter Rengifo Saavedra
¿Por qué el juez ordenó su detención?
1. El "grave " peligro de fuga
El juez Richard Concepción Carhuancho señala en su resolución que en el caso de Keiko Fujimori, se evidencia un "grave peligro de fuga" porque –dice– ha constituido una organización criminal en el interior de su partido Fuerza Popular.
"Que tenía entre sus fines obtener el poder político y por consecuencia, tiene un nivel de influencia e interferencia en el Poder Legislativo y Poder Judicial", manifiesta.
Asimismo, precisa que la ex candidata presidencial cuenta con capacidad económica para abandonar el país, "por lo que tiene la capacidad de rehuir al accionar de la justicia". Precisa que tiene amistades y parientes en Estados Unidos y Japón, lo que demostraría la facilidad que tiene para ir al extranjero.
También resaltó que Keiko Fujimori no concurre "cabalmente" a las citaciones cursadas por el Ministerio Público y que cuando ha solicitado reprogramaciones, no acredita de manera documentada las razones por las que no puede asistir.
Sobre el arraigo que tendría la lideresa de Fuerza Popular, el juez indica que si bien contaría con uno domiciliario y familiar, no tendría arraigo laboral conocido, "al no tener trabajo conocido".
2. La suplantación de más de 100 personas
El magistrado señala, en base al requerimiento de la fiscalía de lavado de activos, que habría existido la suplantación de 114 personas como aportantes, cuyos montos ascenderían a la suma total de US$ 649,573.64.
Además, dice que en el caso de 48 personas que se encuentran figurando como aportantes de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) no se encuentran justificados. Los montos ascienden a S/ 2'058,859.49 o US$ 731,388.80.
También se tienen los aportes cuestionados que corresponden a los entornos de Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya (16 personas, incluyendo a Bedoya) cuyo monto total ascendería a US$ 580,702.11.
3. Habría formado una organización criminal
En la resolución judicial que ordena la detención preliminar de Keiko Fujimori, el juez indica que la ex candidata presidencial, en su condición de presidenta de Fuerza Popular, habría formado una organización criminal "con la finalidad de obtener poder político en las instituciones del Estado".
"Para fines de cometer delitos graves, en este caso lavado de activos de fondos provenientes de actos previos de corrupción nacional y transnacional, como corresponde en este caso a los dineros de procedencia ilícita de la empresa brasileña Odebrecht y otras", agrega.
Para el magistrado, el partido político habría sido usado entonces para la conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de activos de procedencia ilícita, de la suma de US$ 1'200,000.00 dólares provenientes de fondos ilícitos producto de actos de corrupción de Odebrecht "y posibles otros montos".
4. Habría lavado US$ 1 millón de Odebrecht
La orden judicial también indica que la presunta organización criminal, es decir Fuerza Popular, habría lavado el activo ilícito de Odebrecht de US$ 1 millón de dólares, entregado por Jorge Barata.
Precisa que los primeros US$ 500 mil entregados en el año 2010 habrían sido lavados como el nombre de "ingresos por actividades proselitistas" del año 2010, que recaudaron presuntamente el monto total de S/ 2'125,235.02 en las cuales no se han identificado a las personas que participaron en los cocteles, así como las personas que adquirieron los boletos de la Gran Rifa.
Los otros 500 mil dólares, entregados en el año 2011, habrían sido lavados con el nombre de "aportaciones individuales" y como ingresos por actividades proselitistas del año 2011 que recaudaron presuntamente el monto total de S/ 17'450,753.93.
5. Dinero habría ingresado por "mulas"
El magistrado desglosa cómo pudieron haber sido lavados la segunda entrega de US$ 500 mil dólares en el 2011, a través de ingresos o aportes de los familiares y allegados de Yoshiyama Tanaka y Bedoya Camere, que corresponde a 16 aportes, por la suma de S/ 1'634,676.44 monto que ascendería a US$ 580,702.11.
Además, señala que estos aportes podrían haber sido ingresados por los "transportistas, tramitadores o depositantes ("mulas")" Angela Bautista Zeremelco y Daniel Mellado Correa que hicieron depósitos por el monto de US$ 100,000.00 y U$$ 458,073.64 respectivamente.
Juez Carhuancho
El juez Richard Concepción Carhuancho ha sido quien ordenó la detención preliminar contra Keiko Fujimori. Abogados litigantes lo han tildado de ser un ‘juez canero’, debido a que suele siempre dictar prisiones preventivas contra los investigados.
A Concepción Carhuancho se le recuerda por dictar prisión preventiva contra los expresidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo. Este último ya había salido del país cuando se le dictó esta medida, mientras que Humala y su esposa Nadine Heredia permanecieron nueve meses en prisión hasta que un fallo del Tribunal Constitucional los liberó tras señalar que esta medida es “excepcional”.
Richard Concepción Carhuancho también dictó prisión preventiva contra los empresarios asociados a Odebrecht por el proyecto Interoceánica, José Alejandro Graña Miró Quesada, Hernando Alejandro Graña Acuña, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone y José Fernando Castillo Dibós.
Todos ellos también fueron liberados tras apelar la medida. El juez también dictó prisión preventiva contra los investigados por el caso de la Línea 2 del Metro de Lima.
Abogado penalista explica orden de detención
Según el abogado penalista Luis Lamas Puccio explicó a Panamericana TV, que la detención preliminar es una orden judicial que sirve de antesala a una preventiva y siempre es ordenada por un juez a pedido del fiscal.
"Para que el fiscal haya dispuesto y el juez autorizado una detención policial es porque tiene información contundente y veraz como para tomar una decisión de esta naturaleza", expresó.
No obstante, si el fiscal encargado del caso decide abrirle investigación preparatoria, podría también pedir su detención preventiva y, en este caso, podría prolongarse hasta por 36 meses.
Según Lamas Puccio, la detención preliminar tiene como objetivo que los implicados no obstaculicen el accionar de la justicia. Esta medida se aplica eventualmente ante un peligro de fuga o de salida del país y la única forma de solicitarlo es ante un juez.
